En el ámbito empresarial, es fundamental contar con mecanismos que permitan detectar y prevenir posibles infracciones normativas y actos de corrupción. Una herramienta clave para lograr este objetivo es la implementación de un canal de denuncias interno obligatorio. Este canal no solo contribuye a la transparencia y la ética empresarial, sino que también cumple con la normativa vigente en materia de protección de los denunciantes.
Normativa para implementar un canal de denuncias interno
Ley 2/2023, de 20 de febrero
En España, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción, establece las bases para la implementación de un canal de denuncias interno obligatorio en las empresas. Esta ley tiene como objetivo principal proteger a los denunciantes y fomentar la transparencia en el ámbito empresarial.
La Ley 2/2023 establece que todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector, deben contar con un canal de denuncias interno obligatorio. Este canal debe ser accesible, confidencial y seguro, garantizando la protección de la identidad de los denunciantes y evitando cualquier tipo de represalia o discriminación.
Además, la ley establece que las empresas deben informar de la existencia del canal de denuncias interno a todos sus empleados, así como a terceros que tengan una relación contractual con la empresa. Asimismo, se establece la obligación de proporcionar formación y capacitación adecuada a los empleados sobre el funcionamiento del canal de denuncias y los procedimientos a seguir para presentar una denuncia.
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo
A nivel europeo, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, establece un marco común para la protección de los denunciantes en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Esta directiva establece que las empresas con más de 50 empleados o con un volumen de negocio anual superior a 10 millones de euros deben implementar un canal de denuncias interno obligatorio. Además, se establecen una serie de requisitos para garantizar la eficacia y la confidencialidad de este canal, así como para proteger a los denunciantes de cualquier tipo de represalia.
La Directiva (UE) 2019/1937 también establece la obligación de las empresas de informar a los empleados y a terceros sobre la existencia del canal de denuncias interno, así como de proporcionar formación y capacitación adecuada sobre su funcionamiento.
Obligaciones de las empresas
Protección de las personas que informen sobre infracciones normativas
Una de las principales obligaciones de las empresas es garantizar la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas a través del canal de denuncias interno. Esto implica asegurar la confidencialidad de la identidad del denunciante, así como protegerlo de cualquier tipo de represalia o discriminación.
Para cumplir con esta obligación, las empresas deben establecer procedimientos claros y seguros para la recepción y gestión de las denuncias, así como garantizar la confidencialidad de la información proporcionada por el denunciante. Además, deben tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de represalia o discriminación contra el denunciante.
Lucha contra la corrupción
Otra obligación importante de las empresas es promover la lucha contra la corrupción a través del canal de denuncias interno. Esto implica fomentar una cultura ética y transparente dentro de la organización, así como investigar de manera adecuada las denuncias recibidas y tomar las medidas necesarias para corregir las infracciones detectadas.
Además, las empresas deben colaborar con las autoridades competentes en la investigación de posibles actos de corrupción y cooperar en la aplicación de sanciones o medidas disciplinarias cuando sea necesario.
La implementación de un canal de denuncias interno obligatorio es una obligación legal para las empresas y una herramienta fundamental para prevenir y detectar posibles infracciones normativas y actos de corrupción. Cumplir con la normativa vigente y garantizar la protección de los denunciantes son aspectos clave para promover una cultura ética y transparente en el ámbito empresarial.