Plazo para reclamación económico-administrativa

La reclamación económico-administrativa es un procedimiento que permite a los contribuyentes impugnar los actos administrativos en materia tributaria. Este proceso es una vía de recurso que se encuentra regulada en la Ley General Tributaria y tiene como objetivo principal garantizar los derechos de los contribuyentes frente a las actuaciones de la Administración Tributaria.

Presentación de la reclamación

El plazo para presentar la reclamación económico-administrativa es de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que se pretende impugnar. Es importante tener en cuenta que este plazo es de carácter perentorio, es decir, no se admiten prórrogas ni ampliaciones.

La reclamación debe presentarse por escrito y dirigirse al órgano competente para resolverla. En el caso de las reclamaciones económico-administrativas en materia tributaria, este órgano suele ser el Tribunal Económico-Administrativo correspondiente.

No suspende la obligación de pago

Es importante tener en cuenta que la mera interposición de la reclamación económico-administrativa no suspende la obligación de pago de la deuda. Esto significa que, a pesar de haber presentado la reclamación, el contribuyente debe seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias, como por ejemplo, el pago de impuestos.

En caso de no realizar el pago de la deuda, la Administración Tributaria podrá iniciar el correspondiente procedimiento de apremio para su cobro, incluso mientras se encuentra en trámite la reclamación económico-administrativa.

Solicitud de suspensión

Si el contribuyente considera que el pago de la deuda puede ocasionarle perjuicios económicos graves, puede solicitar la suspensión del acto impugnado al interponer la reclamación económico-administrativa o en un momento posterior ante el órgano que dictó el acto objeto de la reclamación.

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La solicitud de suspensión debe estar debidamente fundamentada y acompañada de los documentos que acrediten la situación económica del contribuyente. El órgano competente para resolver la reclamación económico-administrativa será el encargado de decidir sobre la suspensión solicitada.

Mantenimiento de la suspensión

Una vez acordada la suspensión, ésta se mantendrá durante la tramitación del procedimiento económico-administrativo en todas sus instancias. Esto significa que el contribuyente no estará obligado a realizar el pago de la deuda mientras se resuelve su reclamación.

Es importante tener en cuenta que, en caso de que la reclamación sea desestimada, el contribuyente deberá realizar el pago de la deuda junto con los correspondientes intereses de demora.

Recurso-contencioso-administrativo

Si el contribuyente no está conforme con la resolución del procedimiento económico-administrativo, podrá interponer recurso-contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Este recurso deberá presentarse en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución del procedimiento económico-administrativo.

En el caso de que se interponga recurso-contencioso-administrativo, la suspensión acordada en vía económico-administrativa podrá mantenerse hasta que el órgano judicial decida en relación a la suspensión solicitada. Es decir, el contribuyente no estará obligado a realizar el pago de la deuda mientras se resuelve el recurso-contencioso-administrativo.

El plazo para presentar la reclamación económico-administrativa es de un mes a partir de la notificación del acto administrativo. La mera interposición de la reclamación no suspende la obligación de pago de la deuda, pero se puede solicitar la suspensión del acto impugnado. La suspensión se mantendrá durante la tramitación del procedimiento económico-administrativo y, en caso de interponer recurso-contencioso-administrativo, podrá mantenerse hasta que el órgano judicial decida sobre la suspensión solicitada.

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