En el ámbito laboral, es común que los empleadores realicen una serie de verificaciones y solicitudes de información a los candidatos antes de contratarlos. Una de las preocupaciones más comunes es si un trabajador tiene antecedentes penales y cómo esto puede afectar su desempeño en el trabajo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen limitaciones legales en la solicitud de antecedentes penales y que no siempre es posible obtener esta información.
Limitaciones legales en la solicitud de antecedentes penales
En muchos países, incluyendo España, no es legalmente posible exigir a los candidatos a un puesto de trabajo un certificado de antecedentes penales, salvo en supuestos excepcionales autorizados por una Ley y con las debidas garantías. Esto se debe a que la legislación laboral busca proteger los derechos de los trabajadores y evitar la discriminación injustificada.
Excepciones autorizadas por la Ley
En algunos casos, la Ley permite la solicitud de antecedentes penales en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en España, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, establece que se podrá solicitar un certificado de antecedentes penales a las personas que se contraten por una entidad en el supuesto de que una Ley nacional, o una norma europea de directa aplicación, contemplen dicha medida.
Condiciones para la solicitud de antecedentes penales
En los casos en los que la Ley autorice la solicitud de antecedentes penales, es importante tener en cuenta que existen ciertas condiciones que deben cumplirse. Por ejemplo, la solicitud debe ser proporcionada y necesaria para el puesto de trabajo en cuestión. Además, se deben respetar los derechos fundamentales de los candidatos y garantizar la confidencialidad de la información obtenida.
Es importante destacar que la solicitud de antecedentes penales no puede ser utilizada como un criterio de exclusión automática para la contratación de un trabajador. La existencia de antecedentes penales no implica necesariamente que una persona sea inadecuada para un puesto de trabajo. Cada caso debe ser evaluado de manera individual, teniendo en cuenta factores como la gravedad y relevancia de los antecedentes, así como el tiempo transcurrido desde los hechos.
Contratación de personas bajo normativa nacional o europea
En el caso de la contratación de personas bajo normativa nacional o europea, es importante tener en cuenta que existen regulaciones específicas que pueden permitir la solicitud de antecedentes penales. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad privada, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, establece que las empresas de seguridad podrán solicitar un certificado de antecedentes penales a los candidatos a un puesto de trabajo.
En el ámbito de la educación, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que las personas que vayan a trabajar en centros educativos podrán ser requeridas para presentar un certificado de antecedentes penales. Esto se debe a la necesidad de garantizar la seguridad de los estudiantes y prevenir posibles situaciones de riesgo.
Regulaciones de protección de datos en ausencia de normativa específica
En ausencia de una norma específica que autorice la solicitud de antecedentes penales, la solicitud de esta información resultaría contraria a lo regulado en la normativa de protección de datos. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) establece que los datos personales solo podrán ser recogidos, tratados y conservados si existe una base legal que lo permita.
En este sentido, la LOPDGDD establece que la solicitud de antecedentes penales solo será conforme a lo establecido en la ley cuando se cumplan determinados requisitos, como la existencia de una norma que lo contemple o la necesidad de proteger intereses vitales del candidato o de terceros.
La solicitud de antecedentes penales en el ámbito laboral está sujeta a limitaciones legales y solo puede realizarse en determinadas circunstancias autorizadas por la Ley. Es importante tener en cuenta que la existencia de antecedentes penales no implica automáticamente la exclusión de un candidato, y cada caso debe ser evaluado de manera individual. Además, es fundamental respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y garantizar la confidencialidad de la información obtenida.